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La región Oriental del Paraguay se encuentra protegida desde el 2004 por la Ley de “Deforestación Cero”.
Sin embargo, entre el 2001 y 2008 se deforestaron unas 1.214.306 hectáreas del Bosque Atlántico solamente en el Alto Paraná.
Según datos obtenidos por el sistema satelital GFW (Global Forest Watch).

Conforme a la Ley de “Deforestación Cero”, queda totalmente prohibida la tala de árboles nativos, sin embargo, la destrucción de territorios naturales no ha mermado.

Las principales actividades que están contribuyendo a la destrucción de las áreas protegidas son las plantaciones de marihuana, de granos y la extracción de madera.

Según datos recabados por la GFW, la región de influencia del Bosque Atlántico pierde anualmente unas 49.000 hectáreas en promedio.

Solamente en las reservas y parques de Mbaracayú, San Rafael, Morombí y Caazapá, se perdieron 9.107 hectáreas desde que entró en vigencia esta normativa.

Caso Reserva San Rafael.

En los últimos tiempos, los actos ilegales de la tala indiscriminada y la fabricación de carbón vegetal han aumentado en gran escala.

Poniendo en peligro la biodiversidad de la reserva San Rafael, que cuenta con unas 73.000 hectáreas.
Además de ser una de las áreas de carga del Acuífero Guaraní, acoge a unas 400 especies de aves y así también es hogar de comunidades Mbya Guaraní.

Ley de Deforestación Cero.

El proyecto de Ley de Deforestación Cero extiende por 10 años la vigencia de la Ley 6256, que prohíbe la deforestación de bosques nativos asentados en la región Oriental del país.
Fue oficialmente promulgada por el Poder Ejecutivo a principios de diciembre del 2020.

Mediante esta Ley se excluyen todas las actividades industriales y se limitan los asentamientos urbanos a zonas rurales en la región Oriental.

Una de las razones más importantes para la extensión de la Ley por 10 años, es la necesidad de estipular un tiempo suficiente para la recuperación de los bosques altamente degradados.

Así mismo, se busca implementar adecuadamente un mecanismo financiero para que los tenedores de bosques reciban beneficios establecidos por ley en los regímenes de servicios ambientales.
Y que las instituciones encargadas de salvaguardar el patrimonio natural nacional puedan fortalecer sus condiciones en el combate a la depredación de los bosques.

Cabe destacar también que, en el texto aprobado por el Senado, se introdujo un artículo de incentivos para quienes conserven sus bosques nativos, con la exoneración del impuesto inmobiliario y de esta forma compensar a los propietarios.

Fuente: La Nación. WWF Paraguay. GFW.



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